En ese sentido, un asunto que ha vuelto a saltar a los titulares de los medios sociales en pleno revuelo causado por el movimiento 15M -y otras "revoluciones" ciudadanas que están teniendo lugar en el primer mundo desarrollado-, es el del derecho del ciudadano para captar material audiovisual de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el desempeño de su trabajo; y algunas noticias recientes que nos llegan desde EE.UU. pueden ofrecer algo de esperanza en que se imponga el sentido común.
Si bien la legislación anglo-norteamericana no es la nuestra, debemos alegrarnos de una decisión que se ha hecho pública hace apenas unas semanas en relación con un par de casos presentados, uno en Newark (New Jersey) cuando Khaliah Fitchette fue detenida por grabar la actuación de dos oficiales de policía en un autobús deteniendo a un pasajero bajo los efectos del alcohol; y otro en Boston cuando Simon Glik era detenido (en octubre de 2007) por grabar con su teléfono móvil a dos policías que golpeaban a un hombre que participaba en una manifestación.
Los casos, presentados con la ayuda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, American Civil Liberties Union), denunciaban un atentado contra la libertad de expresión, uno de los derechos que se recogen bajo la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
La buena noticia es que el Tribunal Federal de Apelaciones de Primera Instancia emitía el pasado 26 de agosto su sentencia (en relación con el caso GLIK v. CUNNIFFE, 10-1764), en la que expresaba su opinión sobre varios aspectos directamente relacionados con el periodismo ciudadano y el impacto que las "nuevas tecnologías" están teniendo sobre nuestra capacidad para delimitar el rol de la prensa y las capacidades y derechos de los ciudadanos. Textualmente, en lo que se refiere a la Primera Enmienda:
"La grabación de los funcionarios del gobierno en su trabajo diario en un lugar público, incluidos los oficiales de policía en el desempeño de sus responsabilidades, encaja perfectamente con estos principios" [en referencia a los principios expresados en la redacción de la Primera Enmienda] (···) Reunir información acerca de los funcionarios del gobierno en un formato que sea de fácil difusión a otras personas va en favor del interés primordial de la Primera Enmienda en la protección y promoción del debate público de los asuntos del gobierno".
En lo que se refiere al contexto, al fenómeno del periodismo ciudadano, el estatus de periodista ciudadano y su impacto social (la negrita es mía):
"Los cambios en la tecnología y la sociedad han hecho que las líneas que separan la ciudadanía y el periodismo sean muchísimo más difíciles de trazar. La proliferación de dispositivos electrónicos con capacidad para grabar vídeo significa que muchas de las imágenes de que disponemos en los eventos informativos provienen de personas que están presenten en el momento de la noticia con su teléfono móvil o una cámara de vídeo a mano, en vez de los tradicionales reporteros; y las historias que nos cuentan en las noticias son hoy más probable que surjan de un bloguero delante de su ordenador que de un reportero en un diario tradicional. Tales cambios dejan claro que las protecciones de la Primera Enmienda para la recolección de noticias no pueden asociarse a ciertas credenciales o a un determinado estatus profesional" [de periodista].
Si bien la legislación anglo-norteamericana no es la nuestra, debemos alegrarnos de una decisión que se ha hecho pública hace apenas unas semanas en relación con un par de casos presentados, uno en Newark (New Jersey) cuando Khaliah Fitchette fue detenida por grabar la actuación de dos oficiales de policía en un autobús deteniendo a un pasajero bajo los efectos del alcohol; y otro en Boston cuando Simon Glik era detenido (en octubre de 2007) por grabar con su teléfono móvil a dos policías que golpeaban a un hombre que participaba en una manifestación.
Los casos, presentados con la ayuda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, American Civil Liberties Union), denunciaban un atentado contra la libertad de expresión, uno de los derechos que se recogen bajo la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
La buena noticia es que el Tribunal Federal de Apelaciones de Primera Instancia emitía el pasado 26 de agosto su sentencia (en relación con el caso GLIK v. CUNNIFFE, 10-1764), en la que expresaba su opinión sobre varios aspectos directamente relacionados con el periodismo ciudadano y el impacto que las "nuevas tecnologías" están teniendo sobre nuestra capacidad para delimitar el rol de la prensa y las capacidades y derechos de los ciudadanos. Textualmente, en lo que se refiere a la Primera Enmienda:
"La grabación de los funcionarios del gobierno en su trabajo diario en un lugar público, incluidos los oficiales de policía en el desempeño de sus responsabilidades, encaja perfectamente con estos principios" [en referencia a los principios expresados en la redacción de la Primera Enmienda] (···) Reunir información acerca de los funcionarios del gobierno en un formato que sea de fácil difusión a otras personas va en favor del interés primordial de la Primera Enmienda en la protección y promoción del debate público de los asuntos del gobierno".
En lo que se refiere al contexto, al fenómeno del periodismo ciudadano, el estatus de periodista ciudadano y su impacto social (la negrita es mía):
"Los cambios en la tecnología y la sociedad han hecho que las líneas que separan la ciudadanía y el periodismo sean muchísimo más difíciles de trazar. La proliferación de dispositivos electrónicos con capacidad para grabar vídeo significa que muchas de las imágenes de que disponemos en los eventos informativos provienen de personas que están presenten en el momento de la noticia con su teléfono móvil o una cámara de vídeo a mano, en vez de los tradicionales reporteros; y las historias que nos cuentan en las noticias son hoy más probable que surjan de un bloguero delante de su ordenador que de un reportero en un diario tradicional. Tales cambios dejan claro que las protecciones de la Primera Enmienda para la recolección de noticias no pueden asociarse a ciertas credenciales o a un determinado estatus profesional" [de periodista].
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