Una organización gremial obstaculizó el domingo la distribución de los periódicos La Voz del Interior y Día a Día de Córdoba (centro del país), el segundo distrito más poblado, una semana después de que otro piquete sindical obstruyera la circulación de los dos principales diarios, Clarín y La Nación.
Clarín y La Nación son socios en la empresa propietaria de La Voz del Interior y Día a Día, los mayores diarios de Córdoba, donde el Grupo de Entidades Empresarias (GEE) expresó su enérgico rechazo a hechos que "avasallan los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de información".Los bloqueos despertaron una ola de condenas de entidades periodísticas y personalidades de todos los ámbitos, e incluso una resolución del Senado votada por unanimidad que repudió "cualquier método de protesta que afecte la libre circulación de los medios de comunicación".
"La naturalización de los bloqueos como medida de protesta (...) arroja como consecuencia la generalización de esta práctica que atenta contra la libertad de expresión y la circulación de la prensa escrita", dijo la diputada Silvana Giúdici en una declaración a AFP por correo electrónico.
Giúdici (Unión Cívica Radical, oposición socialdemócrata), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, atribuyó responsabilidad en los sucesos al Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.
"El Gobierno, por un lado, envía a su canciller (ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman) al bloqueo del 13 de diciembre del año pasado (también contra Clarín) y, por otro, ordena a su ministra de Seguridad (Nilda Garré) no obedecer a la justicia (ante el piquete del domingo 27 de marzo)", planteó la legisladora.
Timerman expresó su solidaridad con los sindicalistas en un bloqueo realizado el año pasado, en tanto que Garré negó haber incumplido la orden judicial de levantar el bloqueo.
El Gobierno dijo estar al margen del sitio a Clarín y al diario La Nación, cuya distribución también fue obstruida el domingo 27 de marzo, pero Kirchner sostiene una dura confrontación con el multimedios desde que asumió en 2007.
El enfrentamiento del Gobierno con Clarín escaló en 2010, cuando le canceló la licencia a su empresa de internet Fibertel, aunque sigue brindando servicios a un millón de usuarios merced a un amparo judicial.
Un año antes, Kirchner le había quitado al grupo la licencia exclusiva de transmisión pagada de partidos del fútbol argentino y se la transfirió a la televisión pública.
Además, organizaciones humanitarias alentadas por el Gobierno iniciaron una investigación judicial contra la directora del diario, Ernestina de Noble, bajo la sospecha de que sus hijos adoptivos son menores apropiados a familias de desaparecidos en la dictadura (1976-1983).
"Cuando no hay una respuesta contundente del poder político a hechos graves, como ocurrió con Clarín y La Nación, es un incentivo para que otros tomen esa metodología como válida. El kirchnerismo convalida situaciones al margen de la ley", dijo a la prensa Eduardo Mondino, ex Defensor del Pueblo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa), que nuclea a propietarios de medios gráficos, dijo en una declaración que "impedir o perturbar la circulación de un diario es un delito del Código Penal".
"La libertad de prensa -agregó Adepa- es imprescindible para el funcionamiento de una democracia".
Los bloqueos a Clarín fueron organizados por gremialistas de la empresa, con presunto apoyo de otros afines al Gobierno, en tanto que en Córdoba lo realizaron vendedores callejeros con el argumento de que los diarios suelen demorar su salida y ellos se pierden clientes que leen las versiones digitales.
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